Más de 30 organizaciones internacionales han unido sus fuerzas para pedir un tratado internacional que controle el comercio de instrumentos de tortura utilizados para reprimir protestas pacíficas y maltratar a detenidos en todo el mundo.
En una declaración firmada en Londres, las organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, piden un tratado que prohíba la fabricación y el comercio de material intrínsecamente abusivo, como porras con pinchos y dispositivos de electrochoque corporales, así como la introducción de controles basados en los derechos humanos sobre el comercio de material más habitual para hacer cumplir la ley, como aerosoles de pimienta, balas de goma y esposas.
Estos artículos se utilizan a menudo para cometer actos de tortura u otros malos tratos, prohibidos categóricamente por el derecho internacional.
«Durante demasiado tiempo, los Estados han ignorado el comercio de instrumentos de tortura, permitiendo a empresas de todo el mundo lucrarse con el dolor y la miseria humanos. Todos los Estados tienen la responsabilidad de actuar con decisión para controlar este comercio. Esta declaración es un paso importante hacia un tratado internacional», ha declarado Verity Coyle, asesora de Derecho y Política de Amnistía Internacional.
En los últimos años se ha utilizado material, como gases lacrimógenos, balas de goma, porras y correas de sujeción, para intimidar, reprimir y castigar a manifestantes, defensores de los derechos humanos y otras personas, durante la vigilancia policial de manifestaciones y en lugares de detención, en todas las regiones.
Miles de manifestantes han sufrido lesiones oculares como consecuencia del uso imprudente de balas de goma, mientras que otros han sido alcanzados por granadas de gas lacrimógeno, rociados con cantidades excesivas de sustancias químicas irritantes, golpeados con porras o forzados a adoptar posturas de tensión mediante instrumentos de inmovilización.
A pesar de ello, en la actualidad no existen controles mundiales relacionados con los derechos humanos sobre el comercio de material para hacer cumplir la ley. Sin embargo, la Asamblea General de la ONU tiene ahora la oportunidad histórica de votar para iniciar las negociaciones sobre un tratado.
El Dr. Simon Adams, Presidente y Director Ejecutivo del Centro para las Víctimas de la Tortura, ha declarado: «Me reúno con supervivientes de la tortura en todo el mundo. Veo las heridas y las consecuencias de un clima de impunidad que permite a los comerciantes vender libremente instrumentos de tortura en el mercado mundial. Un tratado comercial libre de tortura puede prevenir la tortura regulando y prohibiendo la venta de bienes utilizados para infligir sufrimientos inimaginables».
El impulso a favor de un tratado comercial libre de tortura sigue a la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas por una abrumadora mayoría de Estados en 2013, que también convirtió un mosaico de leyes y normativas nacionales y regionales en controles globales destinados a detener las transferencias que alimentaban graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Algunos de los firmantes de la declaración afirmaron haber trabajado con víctimas de tortura que habían quedado ciegas por balas de goma, sabían de mujeres embarazadas que habían abortado tras exponerse a gases lacrimógenos, personas desfiguradas permanentemente tras recibir palizas con porras y supervivientes traumatizados de por vida.
Alex Kigoye, director de programas del Centro Africano para el Tratamiento y la Rehabilitación de la Tortura, afirmó: «La tortura destruye la dignidad y la personalidad de las personas. Tiene graves efectos en las personas y en la sociedad, y un tratado desempeñaría un papel tremendo a la hora de garantizar que preservamos la dignidad humana».
El Dr. Michael Crowley, de la Fundación de Investigación Omega, dijo que la naturaleza internacional del comercio exigía una respuesta multilateral.
«La investigación de Omega sobre el comercio de instrumentos de tortura ha demostrado que actualmente está fuera de control. Es un problema mundial que requiere una respuesta mundial. A través del actual proceso de la ONU, ahora tenemos una oportunidad única para controlar este comercio».
Fatia Maulidiyanti, coordinadora del grupo panasiático de derechos humanos Kontras, afirmó que era urgente imponer restricciones al comercio de gases lacrimógenos.
Una investigación concluyó que el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía en el estadio de fútbol de Kanjuruhan, en Java Oriental (Indonesia), en octubre de 2022, fue el principal factor desencadenante de una estampida en la que murieron 132 personas, en una de las peores catástrofes de un acontecimiento deportivo en el mundo.
Lucila Santos, de la Red Internacional de Libertades Civiles (INCLO), afirmó: «Un tratado comercial libre de tortura podría retirar de la circulación armas intrínsecamente abusivas y contribuir a evitar que se cometan abusos contra los derechos humanos en las calles en el contexto de las protestas. Sin fuertes controles comerciales internacionales basados en los derechos humanos, los manifestantes de toda América Latina seguirán sufriendo graves traumas físicos y psicológicos.»
